La inmediata creación de un Tribunal de Cuentas que sea expeditivo en la determinación de infracciones e imposición de sanciones para quienes violan la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Así lo sugirió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, congresista Luis Humberto Falla Lamadrid, luego de recibir un informe de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, donde se señala que un total de 82 entidades públicas se encuentran omisas a la presentación de su balance respectivo, ocasionando problemas para la elaboración de la Cuenta General de la República correspondiente al 2008.
El legislador chiclayano dijo que es necesaria la constitución del referido tribunal dentro del marco de modernización de la gestión del Estado, que deberá funcionar como un ente adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de determinar las faltas y establecer penalidades.“En estos momentos, es necesaria la existencia de entidades que rindan cuentas. Es preciso recordar que una democracia de calidad es una democracia que rinde cuentas”, remarcó.
Señaló que en esa irresponsable situación se encuentran 35 empresas públicas, 30 municipalidades provinciales y distritales, 13 beneficencias públicas, dos institutos viales municipales y dos entidades con información incompleta.
“Es inconcebible que existan 82 entidades que han manejado recursos públicos del Estado y no han rendido cuentas”,
Falla Lamadrid dijo que este incumplimiento trasgrede el artículo 36º de la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, que señala que todas las entidades del Sector Público están obligadas a remitir, bajo responsabilidad, la información requerida para la elaboración de la Cuenta General de la República, hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio presupuestal objeto de rendición de cuentas.
Mencionó que en la relación de entidades omisas están la Municipalidad Provincial de La Mar (Ayacucho), Municipalidad Provincial del Marañón-Huacrachuco (Huánuco), Municipalidad Provincial de Tarata (Tacna), así como las municipalidades distritales de Leoncio Prado (Ayacucho), de San Andrés de Cutervo (Cajamarca), de Pampa Hermosa (Junín), de Palcazú (Pasco) y de Breña (Lima).
Aseveró que la ley establece el procedimiento de aplicación de sanciones que van desde la suspensión, la inhabilitación y la destitución de los responsables, las que son aplicadas por la Dirección de Contabilidad Pública y la Contraloría General de la República.
Falla Lamadrid manifestó que en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto exhortaba a ambos organismos a disponer las medidas para abrir proceso administrativo contra los titulares y servidores de las 82 entidades públicas omisas e imponer las sanciones pertinentes.
Recordó que la superintendenta nacional de Registros Públicos, Pilar Freitas, fue destituida de su cargo por negligencia funcional debido a que no presentó los informes contables del año 2005.
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