Sousa denunció conflicto de intereses. La comisión evaluadora de los candidatos al Tribunal Constitucional, que preside Humberto Falla, decidió que la ONG IDL permanezca como veedor en este grupo de trabajo. Votaron a favor de esta medida los nacionalistas Víctor Mayorga y Fredy Otárola; José Vega (UPP) y Raúl Castro (PPC). En contra lo hicieron los apristas Humberto Falla y Wilder Calderón y el fujimorista Rolando Sousa. Este último denunció un conflicto de intereses de IDL porque además litiga en el TC casos de DD HH.
“Hay conflicto de intereses totalmente, hay una falta de imparcialidad por parte del IDL. Resulta que tenemos como veedor a un estudio de abogados que litiga con el TC, en el caso de defensa de DD HH. Qué mensaje le estamos dando a las FF AA. Hay un conflicto de intereses evidentemente. Cómo un operador del sistema puede ser veedor”, se preguntó Sousa Huanambal. Castro Stagnaro, por su parte, explicó su voto en contra señalando que “no tiene sentido excluir a nadie si las audiencias son públicas”. “Simple y llanamente la presencia de un veedor ya no tiene sentido, el veedor es el país. En su momento señalé las inconveniencias de las sesiones públicas pero se votó por mayoría que deberían serlo. Los conflictos de intereses también lo pueden tener cualquiera que asista a las audiencias o el que lo vea por TV en su casa”, consideró.Por su parte el humalista Mayorga aseveró que “ya están nombrados los veedores y no podemos dar marcha atrás”. En tanto que Calderón Castro pidió que “se vote la próxima sesión porque es necesario reflexionarlo”, pero sin embargo su solicitud no fue aceptada.
“Hay conflicto de intereses totalmente, hay una falta de imparcialidad por parte del IDL. Resulta que tenemos como veedor a un estudio de abogados que litiga con el TC, en el caso de defensa de DD HH. Qué mensaje le estamos dando a las FF AA. Hay un conflicto de intereses evidentemente. Cómo un operador del sistema puede ser veedor”, se preguntó Sousa Huanambal. Castro Stagnaro, por su parte, explicó su voto en contra señalando que “no tiene sentido excluir a nadie si las audiencias son públicas”. “Simple y llanamente la presencia de un veedor ya no tiene sentido, el veedor es el país. En su momento señalé las inconveniencias de las sesiones públicas pero se votó por mayoría que deberían serlo. Los conflictos de intereses también lo pueden tener cualquiera que asista a las audiencias o el que lo vea por TV en su casa”, consideró.Por su parte el humalista Mayorga aseveró que “ya están nombrados los veedores y no podemos dar marcha atrás”. En tanto que Calderón Castro pidió que “se vote la próxima sesión porque es necesario reflexionarlo”, pero sin embargo su solicitud no fue aceptada.
Al inicio de la sesión, este grupo de trabajo acordó proseguir con la labor que le ha encomendado el Pleno del Congreso. En ese sentido, de manera implícita, desestimó el tenor de una resolución judicial en el sentido de que esa instancia parlamentaria cubra una sola y no dos plazas del TC.
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