La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el Congresista Luis Humberto Falla Lamadrid, dejó pendiente de aprobación, para la próxima semana, el proyecto de ley que declara de carácter prioritario y de interés nacional la ejecución de programas y proyectos de inversión relacionados con la justicia y seguridad pública.
La ministra de Justicia, doctora Rosario Fernández, durante la sustentación que hizo en la sesión del citado grupo de trabajo legislativo, urgió la necesidad de que se apruebe la propuesta del Poder Ejecutivo para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura en el Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio del Interior.
Manifestó que también es imprescindible la aprobación del instrumento legal para el desarrollo de programas regionales y locales, a efectos de contribuir con la implementación del Código de Procedimientos Penales, el mejoramiento del acceso a la justicia, la asistencia legal gratuita, la promoción de la cultura de paz y la seguridad ciudadana.
“Resulta de interés nacional el mejoramiento de la infraestructura y servicios que brindan las entidades cuya función están ligadas al sistema de justicia como a la seguridad pública, por cuanto ello permitirá al Gobierno Nacional, con la colaboración de los respectivos gobiernos regionales y locales brindar a la población un mejor acceso a la justicia y seguridad en su jurisdicción”, expresó.
Agregó que es preciso facultar a los gobiernos regionales y locales que puedan disponer un porcentaje de los fondos que les fueran asignados por concepto de canon, sobre canon y regalía minera para el financiamiento de proyectos de inversión pública y otros relacionados a actividades prioritarias descentralizadas.
Luis Humberto Falla Lamadrid destacó la importancia del proyecto de ley porque tiende a resolver, principalmente, el problema del hacinamiento existente en los 78 centros penitenciarios que existen a nivel nacional, los que no pueden atender debidamente a una población que supera los 44 mil internos (hombres y mujeres).
Dijo que uno de los centros penales a punto de colapsar es la San Pedro de San Juan de Lurigancho que tiene una sobrepoblación de 11 mil 400 internos, no obstante que fue construido para albergar a 3 mil 500 presos.
En ese sentido, manifestó su apoyo al proyecto que explicó la ministra Fernández de construir 10 penales (para 15 mil internos) en distintos lugares del país, para descongestionar la población penitenciaria.
Añadió que también es importante la aprobación del proyecto de ley para proseguir implementando la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales que servirá para una adecuada administración de justicia.
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