Todas las acciones realizadas por la vice contralora general de la República, Rosa Urbina Mansilla, podrían considerarse anulables o peligrosamente nulas, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, advirtió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, congresista Luis Humberto Falla Lamadrid, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Señaló que los actos ejecutados por la alta funcionaria que carecen de formalidad podrían ser calificadas como anulables y algunas acciones nulas por estar prohibidas por la ley que rige las riendas del ente rector.
Falla Lamadrid manifestó que la vice contralora no puede opinar sobre proyectos de ley, tampoco puede emitir informes al Congreso, menos dar avances de la cuenta general de la República y, lo más preocupante, es que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República prohíbe las facultades indelegables.
Dijo que el contralor, al dejar el cargo por el vencimiento de su período, no podía legalmente conceder facultades a la vice contralora Rosa Urbina, la que prácticamente está atada de manos por su propia ley.
Señaló que las comisiones de Presupuesto y de Fiscalización, que diariamente tienen que mantener relaciones y coordinando acciones, están también limitadas porque el órgano superior de control lo está, lo cual es preocupante porque esta situación se mantiene desde hace seis meses.
Falla Lamadrid opinó que por tal motivo, después de dos postulaciones para ocupar el cargo de contralor de la República, la Comisión Permanente, sin formar una comisión evaluadora, evalúe los expedientes que remitirá el Ejecutivo y apruebe la designación propuesta.
Agregó que existen diferentes bancadas parlamentarias –no la aprista—que son de la idea de que la actual vice contralora debería ser propuesta como candidata por el Ejecutivo, teniendo el criterio de que la destacada profesional viene trabajando más de 20 años en la Contraloría, lo cual consideró respetable estimando que se tendría que pasar dos años para que un nuevo contralor se familiarice con sus funciones de control.
Por tal motivo, el legislador aprista exhortó al Poder Ejecutivo a presentar, a la brevedad posible, a su candidato a contralor, y a la Comisión Permanente para que evalúe y apruebe al aspirante, para llenar el vacío existente que resulta muy perjudicial para el Estado de derecho.
Señaló que los actos ejecutados por la alta funcionaria que carecen de formalidad podrían ser calificadas como anulables y algunas acciones nulas por estar prohibidas por la ley que rige las riendas del ente rector.
Falla Lamadrid manifestó que la vice contralora no puede opinar sobre proyectos de ley, tampoco puede emitir informes al Congreso, menos dar avances de la cuenta general de la República y, lo más preocupante, es que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República prohíbe las facultades indelegables.
Dijo que el contralor, al dejar el cargo por el vencimiento de su período, no podía legalmente conceder facultades a la vice contralora Rosa Urbina, la que prácticamente está atada de manos por su propia ley.
Señaló que las comisiones de Presupuesto y de Fiscalización, que diariamente tienen que mantener relaciones y coordinando acciones, están también limitadas porque el órgano superior de control lo está, lo cual es preocupante porque esta situación se mantiene desde hace seis meses.
Falla Lamadrid opinó que por tal motivo, después de dos postulaciones para ocupar el cargo de contralor de la República, la Comisión Permanente, sin formar una comisión evaluadora, evalúe los expedientes que remitirá el Ejecutivo y apruebe la designación propuesta.
Agregó que existen diferentes bancadas parlamentarias –no la aprista—que son de la idea de que la actual vice contralora debería ser propuesta como candidata por el Ejecutivo, teniendo el criterio de que la destacada profesional viene trabajando más de 20 años en la Contraloría, lo cual consideró respetable estimando que se tendría que pasar dos años para que un nuevo contralor se familiarice con sus funciones de control.
Por tal motivo, el legislador aprista exhortó al Poder Ejecutivo a presentar, a la brevedad posible, a su candidato a contralor, y a la Comisión Permanente para que evalúe y apruebe al aspirante, para llenar el vacío existente que resulta muy perjudicial para el Estado de derecho.
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