No todos los que trabajaron para una dictadura están impedidos de postular al Tribunal Constitucional (TC), afirmó el congresista Luis Falla La Madrid, presidente de la comisión evaluadora de los candidatos al máximo intérprete de la Carta Magna, tras anunciar la participación de instituciones veedoras en el proceso de selección.
Fue al diferenciar a aquellos funcionarios de confianza que apoyaron un régimen antidemocrático de los que trabajaron en este régimen vía concurso público.
“De modo que el profesional del derecho tiene que ser un hombre exponente del mundo jurídico, un académico. Ahora las circunstancias según las cuales, una dictadura impediría a todo hombre tener derecho o no a trabajar también es un exceso”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Creo sin embargo, que una cosa son los cargos de confianza que una dictadura puede brindar a un profesional y en cuyo caso si repruebo cualquiera que se alquile a una dictadura, pero también dejemos a salvo que todo profesional que aspira a ocupar un cargo y concursa aún cuando sea una dictadura, puede hacerlo hecho para la manutención de su familia y para la dignificacion de él a través de su trabajo”, apuntó.
Admite que habrá criterios diferentes
El legislador reconoció, en ese sentido, que este punto es “subjetivo” y que puede ser materia de diferencias al interior de la comisión que deberá entregar una propuesta final al pleno del Congreso en febrero del 2009.
“Ahora como presidente de la comisión, no debo anticipar opiniones o calificaciones (sobre quienes trabajaron para la dictadura). Cada uno de nosotros de los nueve integrantes, vamos a llenar una cédula de calificación de cada uno de los postulantes, de modo que para mí puede ser reprobable y para otros no, y viceversa”,declaró.
“Donde puede haber diferencias de opinión, es cuando un congresista dice que la ejecutoria cívica de un profesional no es la mejor y que en un año trabajó con la dictadura; para otro congresista es diferente y le merece un juicio de valor importante el haber trabajado en una dictadura en un determinado ministerio. Entramos allí al terreno gelatinoso y subjetivo”, acotó.
Sesiones grabadas o con veedurías
Indicó que su grupo de trabajo se preocupará porque participen veedores en todas las audiencias que no sean públicas y que la reuniones serán grabadas para que el aspirante tenga derecho a pedir que proyecte la entrevista y exista una mejor garantía de transparencia.
“Los integrantes de la comisión nos hemos propuesto actuar de una manera muy transparente, porque se grabarán todas las sesiones, sobre todo cuando tengamos la evaluación curricular y las entrevistas personales con los aspirantes. La experiencia del 2007 fue aleccionadora, yo integre la comisión Pastor que tuvo que elegir cuatro integrantes y la prensa puso unas calificaciones que no correspondían”, aseveró.
“Es imposible que las bancadas quieran satisfacer expectativas ideológicas y partidarias, nos hemos propuesto actuar con veedurías, incluso la prensa podría estar presente, mediante un representante del Consejo de la Prensa Peruana a alguna otra veeduría que sea la mejor póliza de seguro de limpieza de este proceso”, puntualizó.
Postulantes pueden ser hombres o mujeres
Explicó que el plan de trabajo se discutirá el próximo miércoles y que esta semana se aprobará el cronograma. Al ser consultado sobre la posibilidad de que exista un mecanismo en la comisión para que las mujeres tengan mayor opción de ingresar al Tribunal Constitucional, respondió que los postulantes pueden ser de ambos sexos.
“Las postulaciones pueden ser de hombres y de mujeres, que en la comunidad jurídica las hay muy destacadas. A propuesta del congresista García Belaunde se harán propuestas aleatorias, una persona o jurista puede postularse asimismo, pero también puede hacerle un instituto de estudios jurídicos, una universidad o una Corte de Justicia”, señaló.
“Pueden haber propuestas que en nombre de una universidad por ejemplo se haga la de un jurista que no tiene mayor interés personalísimo, pero que esa institución académica entiende y conceptúa que su concurso será importante en un órgano interpreté supremo de la Constitución”, pormenorizó.
Hay que evitar prejuicios con Alas Peruanas
El legislador sostuvo, además, que se debe evitar los prejuicios o preconceptos, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la Universidad Alas Peruanas -cuestionada por tener más de 139 juicios y financiar viajes de políticos y jueces- proponga a un aspirante al TC.
“Hay que evitar que exista un prejuicio, que tengamos preconceptos, que tengamos que calificar apriorísticamente como ‘sí’ o como ‘no’ a un postulante. Creo que no es el momento indicado, tratándose de un propósito tan altruista y delicado de una función de seleccionar magistrados del Tribunal (Constitucional)”, opinó.
Demora de comisión Pastor fue mala señal
Finalmente, dijo que su grupo de trabajo verá el desempeño de la anterior comisión que presidió el legislador Aurelio Pastor, como una experiencia aleccionadora y que evitará dilatar el proceso, porque la demora es una mala señal para la comunidad jurídica.
“La comisión es multipartidaria, por lo que ninguna bancada puede asumir posiciones unilaterales en la evaluación. Es claro que en aquella ocasión el Congreso se demoró cerca de un año y eso está mal, porque una mala señal a la comunidad jurídica es postergar la elección que según la Constitución la debe hacer el Congreso. Nosotros nos hemos trazado un cronograma apretado que debe terminar en febrero y no demorarnos un año en esta labor”, sentenció.
Fue al diferenciar a aquellos funcionarios de confianza que apoyaron un régimen antidemocrático de los que trabajaron en este régimen vía concurso público.
“De modo que el profesional del derecho tiene que ser un hombre exponente del mundo jurídico, un académico. Ahora las circunstancias según las cuales, una dictadura impediría a todo hombre tener derecho o no a trabajar también es un exceso”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Creo sin embargo, que una cosa son los cargos de confianza que una dictadura puede brindar a un profesional y en cuyo caso si repruebo cualquiera que se alquile a una dictadura, pero también dejemos a salvo que todo profesional que aspira a ocupar un cargo y concursa aún cuando sea una dictadura, puede hacerlo hecho para la manutención de su familia y para la dignificacion de él a través de su trabajo”, apuntó.
Admite que habrá criterios diferentes
El legislador reconoció, en ese sentido, que este punto es “subjetivo” y que puede ser materia de diferencias al interior de la comisión que deberá entregar una propuesta final al pleno del Congreso en febrero del 2009.
“Ahora como presidente de la comisión, no debo anticipar opiniones o calificaciones (sobre quienes trabajaron para la dictadura). Cada uno de nosotros de los nueve integrantes, vamos a llenar una cédula de calificación de cada uno de los postulantes, de modo que para mí puede ser reprobable y para otros no, y viceversa”,declaró.
“Donde puede haber diferencias de opinión, es cuando un congresista dice que la ejecutoria cívica de un profesional no es la mejor y que en un año trabajó con la dictadura; para otro congresista es diferente y le merece un juicio de valor importante el haber trabajado en una dictadura en un determinado ministerio. Entramos allí al terreno gelatinoso y subjetivo”, acotó.
Sesiones grabadas o con veedurías
Indicó que su grupo de trabajo se preocupará porque participen veedores en todas las audiencias que no sean públicas y que la reuniones serán grabadas para que el aspirante tenga derecho a pedir que proyecte la entrevista y exista una mejor garantía de transparencia.
“Los integrantes de la comisión nos hemos propuesto actuar de una manera muy transparente, porque se grabarán todas las sesiones, sobre todo cuando tengamos la evaluación curricular y las entrevistas personales con los aspirantes. La experiencia del 2007 fue aleccionadora, yo integre la comisión Pastor que tuvo que elegir cuatro integrantes y la prensa puso unas calificaciones que no correspondían”, aseveró.
“Es imposible que las bancadas quieran satisfacer expectativas ideológicas y partidarias, nos hemos propuesto actuar con veedurías, incluso la prensa podría estar presente, mediante un representante del Consejo de la Prensa Peruana a alguna otra veeduría que sea la mejor póliza de seguro de limpieza de este proceso”, puntualizó.
Postulantes pueden ser hombres o mujeres
Explicó que el plan de trabajo se discutirá el próximo miércoles y que esta semana se aprobará el cronograma. Al ser consultado sobre la posibilidad de que exista un mecanismo en la comisión para que las mujeres tengan mayor opción de ingresar al Tribunal Constitucional, respondió que los postulantes pueden ser de ambos sexos.
“Las postulaciones pueden ser de hombres y de mujeres, que en la comunidad jurídica las hay muy destacadas. A propuesta del congresista García Belaunde se harán propuestas aleatorias, una persona o jurista puede postularse asimismo, pero también puede hacerle un instituto de estudios jurídicos, una universidad o una Corte de Justicia”, señaló.
“Pueden haber propuestas que en nombre de una universidad por ejemplo se haga la de un jurista que no tiene mayor interés personalísimo, pero que esa institución académica entiende y conceptúa que su concurso será importante en un órgano interpreté supremo de la Constitución”, pormenorizó.
Hay que evitar prejuicios con Alas Peruanas
El legislador sostuvo, además, que se debe evitar los prejuicios o preconceptos, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la Universidad Alas Peruanas -cuestionada por tener más de 139 juicios y financiar viajes de políticos y jueces- proponga a un aspirante al TC.
“Hay que evitar que exista un prejuicio, que tengamos preconceptos, que tengamos que calificar apriorísticamente como ‘sí’ o como ‘no’ a un postulante. Creo que no es el momento indicado, tratándose de un propósito tan altruista y delicado de una función de seleccionar magistrados del Tribunal (Constitucional)”, opinó.
Demora de comisión Pastor fue mala señal
Finalmente, dijo que su grupo de trabajo verá el desempeño de la anterior comisión que presidió el legislador Aurelio Pastor, como una experiencia aleccionadora y que evitará dilatar el proceso, porque la demora es una mala señal para la comunidad jurídica.
“La comisión es multipartidaria, por lo que ninguna bancada puede asumir posiciones unilaterales en la evaluación. Es claro que en aquella ocasión el Congreso se demoró cerca de un año y eso está mal, porque una mala señal a la comunidad jurídica es postergar la elección que según la Constitución la debe hacer el Congreso. Nosotros nos hemos trazado un cronograma apretado que debe terminar en febrero y no demorarnos un año en esta labor”, sentenció.
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